Víctimas rechazan amnistía y creen que genera impunidad

Víctimas rechazan amnistía y creen que genera impunidad

Los afectados por la violencia previa al 12 de noviembre de 2019 ven poco avance en las investigaciones y señalan que la norma favorece a los denunciados.

Las víctimas de los hechos de violencia, previos  al 12 de noviembre de 2019, rechazaron el decreto presidencial de amnistía e indulto por persecución política y razones humanitarias. Expresaron que temen que se genere una suerte de impunidad en sus casos. Lamentaron  el poco  avance que hubo en las pesquisas.  

 El decreto fue sancionado por la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP),  el 12 de febrero,  en una sesión en la cual el partido de gobierno no permitió el debate. Entre el grupo de beneficiarios de la norma se encuentran los procesados entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020, considerados “perseguidos políticos”.

“Nosotros vemos que con ese decreto lo único que hace el Gobierno es proteger a su gente, sólo beneficia a los que están del lado del masismo. No habrá justicia para otras víctimas como nosotros, eso está claro desde el principio y es algo que es lamentable”, manifestó Marcelo, hijo del cruceño Marcelo Terrazas, quien  falleció por disparos de arma de fuego el 30 de octubre,  en el barrio Cofadena de Montero.

En la misma línea,  Franco Albarracín, hijo de Waldo Albarracín, exdefensor del Pueblo,  sostuvo que toda su familia se encuentra sumamente preocupada por el decreto de amnistía e indulto,  y señaló que los escasos avances de investigación facilitan la liberación de quienes intentaron quemar su hogar con su familia  dentro.

“Se intentó asesinar a mi familia. Incendiaron   mi casa.  Querían quemar a mi familia al interior de ella. Esta norma genera temor para nosotros, porque genera una especie de situación de impunidad,  donde aquellas personas que son investigadas van a ser absueltas y con la posibilidad de continuar amedrentándonos.  Si uno comete un crimen y la justicia no lo sanciona con absoluta libertad,  volverán a terminar lo que no pudieron concluir. Tememos por la integridad de nuestra familia”, expresó.

El también activista indicó que su familia no ve algún tipo de protección a su favor de parte del  Ministerio Público ni de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

  En medio de lágrimas,  la secretaria general de la Plataforma de Luchadores Sociales contra La Impunidad por la Justicia y Sobrevivientes de las Dictaduras, Victoria López, afirmó que se sienten muy lastimados por la posible impunidad que se genere en torno al caso de  la muerte de Julio Llanos, quien fue presidente de la organización.

“Don Julio luchó toda su vida por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad, la justicia. Estuvo preso, torturado, en todos los periodos dictatoriales. Fue dirigente minero, trabajador minero. Lo golpearon en El Prado y esa agresión fatal fue la causa de su muerte. Hubo impunidad en dos atentados anteriores que sufrimos; no podemos permitir que haya impunidad con el compañero Julio llanos, exigimos justicia”, dijo.

Señaló que la causa por homicidio se ventila  en el juzgado Primero de Instrucción Penal Cautelar,  y que desde el inicio del proceso se cambió tres veces a los fiscales. Expresó  que esperan  una nueva visita del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes  (GIEI),  que prometió ampliar la denuncia por la muerte de Llanos.

López enfatizó que llevan ocho años frente al Ministerio de Justicia,  exigiendo una reparación integral a las víctimas de las dictaduras y que fueron atacados en 2013 y 2014, con el destrozo y quema de sus carpas, pero que el peor ataque ocurrió  el 29 de octubre de 2019 , cuando Llanos salió a reclamar por la excesiva explosión  de dinamita,  que hacía temblar el ambiente en el que se refugiaban. Dijo que enviaron tres cartas a Añez, en las que pidieron  ayuda para Llanos,  pero nunca hubo respuesta.

La casa  de Albarracín fue quemada en noviembre de 2019.

Entre la mayor afectación de bienes se contabiliza la pérdida de más de 60 buses PumaKatari,  que fueron quemados completamente la noche del 10 de noviembre.

“No puede haber amnistía para quienes quemaron los buses, es ilegal. Hay gente que destruyó bienes públicos y que está procesada. Ojalá se pueda continuar desde el Ministerio Público y agilizar las investigaciones que quedaron detenidas por la pandemia”, señaló el alcalde paceño Luis Revilla.