Una postulante a Anapol sacó sólo 35 puntos de nota y aprobó con 91 previo pago de miles de dólares

Hasta la fecha declararon 41 personas por la corrupción en la Academía Nacional de Policías de Bolivia (Anapol) y de ellas, 11 están detenidas preventivamente en distintas cárceles.

Una postulante a la Academia Nacional de Policías (Anapol) reprobó el examen de admisión con 35 puntos y al final apareció como si hubiera aprobado la prueba con 91 puntos, pero para lograr ese cambio en la calificación tuvo que pagar miles de dólares, según documentos a los que accedió ANF.

“Una postulante, de nombre P. Y. M., en su examen original tiene la nota de 35 y posteriormente aparece ‘aprobada’ con una nota de 91. (Sus) formularios han sido cambiados presuntamente dentro de la empresa Anstrangung”, cita el documento de imputación del Ministerio Público contra seis de los acusados por la corrupción en Anapol.

Entre octubre y diciembre del año pasado, postulantes a la Anapol y a otras instituciones policiales dieron pruebas de admisión. Sin embargo, durante este proceso se registraron una serie de irregularidades que fueron denunciadas por los propios padres de familia.

El Ministerio Público y la Policía hicieron las investigaciones preliminares y establecieron que de 351 postulantes que iban a ingresar, 261 pagaron incluso entre $us 10 mil y hasta $us 18 mil. Es decir, siete de cada 10 postulantes incurrieron en la irregularidad.

Las empresas Anstrangung y Sipcoes se adjudicaron el proceso de admisión para que todo se realice con trasparencia, además se conformó la Comisión de Máxima Instancia (CMI), integrada por delegados de tres ministerios y la Policía, que también estaban encargados de controlar la selección, y asimismo las máximas autoridades de la Unipol debían hacer seguimiento al proceso.

Pero se descubrió que ambas empresas fueron contratadas de manera irregular porque no cumplían a cabalidad con los requisitos, no contaban con experiencia e incumplieron el contrato descuidando las medidas de seguridad a la hora de tomar las pruebas y entregar los resultados de los exámenes, dando lugar a la alteración de notas y firmas de postulantes.

Incluso “han presentado las planillas, los anillados y otra documentación con retraso de 24 horas, con alteración de notas de aprobación y con firmas y rúbricas que no corresponden a los postulantes aprobados”, señala otro párrafo de la imputación.

La Fiscalía presume que para incurrir en estas irregularidades, las empresas imprimieron en exceso las hojas de los exámenes para luego llenar las respuestas correctas y poner las notas adulteradas.

Todo el dinero recolectado “presuntamente debía repartirse a las autoridades involucradas”, es decir, miembros de la empresa y de la Unipol.
Por esa razón fueron encarcelados preventivamente los representantes legales de ambas empresas, Luis F. D. J. y Juan D. G. M.

Asimismo, la Fiscalía encontró indicios de que los jefes policiales no cumplieron con su obligación de velar por la trasparencia en el proceso.
Por eso también fueron detenidos preventivamente el rector y vicerrector de la Unipol, general Vladimir Quiroz y coronel Rubén Vicente Quinteros; y el exinspector general de la Policía, Juan José Liseca.

Se presume que los sargentos Ludwing T. Ch. y Zulma S. R. reclutaban a los postulantes y los llevaban ante la médica Fanny M., que presuntamente se encargaba de hacer los cobros de dinero.

En cambio Juan Carlos A. T., asesor pedagógico de la Unipol, habría enviado preguntas y respuestas de los exámenes, a través de WhatsApp, al teniente Freddy T. H.

Todas estas últimas personas también están encarceladas, al igual que el exasesor jurídico de la Anapol, teniente coronel Héctor Hugo Illanes Riveros, que fue parte del comité de evaluación.

Los sindicados fueron imputados por los delitos de asociación delictuosa, cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y uso indebido de información privilegiada.

En total, hasta la fecha declararon 41 personas por la corrupción en la Anapol y 11 de ellas están detenidas preventivamente en distintas cárceles de La Paz.

Entre tanto, la comisión de fiscales integrada por Miguel Aramayo, Samuel Lima y Willy Rojas continúa con las investigaciones citando a declarar a más policías y particulares.

Asimismo, serán convocados a declarar 261 postulantes que habrían pagado dinero para aprobar la prueba.

“Aún estamos haciendo la actividad investigativa y esperamos los resultados a los que arriben los fiscales” del caso, apuntó el fiscal departamental de La Paz, William Alave. /ANF